CIERRE DE ONGS TERORRISTAS Y ONGS ANTISISTEMA

Parlamento ruso aprueba la controvertida ley de ONGs

Moscú, 13 de julio, RIA Novosti.


La cámara baja del parlamento ruso aprobó hoy, en tercera y última lectura, un controvertido proyecto de ley que concede a las ONGs implicadas en actividades políticas y financiadas desde el exterior el rango de “agentes foráneos”, término legal que para un ruso de la calle suena igual a “espía extranjero”.

La nueva redacción de la ley de ONGs, propuesta por la fracción del partido gobernante Rusia Unida y fuertemente criticada por múltiples organizaciones no gubernamentales, fue adoptada por 374 votos en favor, tres en contra y una abstención en la Duma de Estado (cámara baja).

Después de que la ley sea aprobada en el Senado y firmada por el presidente, cualquier ONG rusa que promueva actividades políticas y sea financiada desde fuera deberá inscribirse en el registro de organizaciones no comerciales que funcionan como agentes foráneos. Como tal, estará sujeta a normativas especiales que estipulan, entre otras cosas, un mecanismo de reportes e inspecciones financieras diferente al del resto de las ONGs.

Por financiación extranjera, la nueva ley entiende cualquier dinero procedente del exterior, independientemente de que llegue de un Gobierno, organismo internacional, persona jurídica o ciudadanos particulares. Como política, interpreta cualquier actividad que busca influir en la toma de decisiones para cambiar la línea oficial, o concienciar a la opinión publica en este sentido, al margen de la misión y los objetivos que la respectiva ONG tenga proclamados en sus estatutos.

Cuando una ONG de este tipo haga circular sus materiales en Internet u otros medios, deberá identificarse como organización no comercial que funge como agente foráneo.

El Ministerio ruso de Justicia presentará cada año a la Duma de Estado un informe exhaustivo sobre las actividades de estas ONGs, con todos los detalles financieros.

Las infracciones de la nueva ley implicarán diversas sanciones, hasta una pena de cuatro años de cárcel como máximo.

Las organizaciones religiosas las entidades estatales, municipales y presupuestarias, las empresas y corporaciones públicas así como las ONGs creadas por las mismas, no estarán sujetas a la nueva ley.